Estado actual de la reutilización de la información del sector público en España

En España, existe poca conciencia del potencial económico de la reutilización de la información del sector público, tanto en el ámbito público como en el privado. Está es una de las conclusiones a las que ha llegado el Grupo Publidoc de la Universidad Complutense de Madrid en el informe “Información del Sector Público (ISP): Identificación de Posibles Acuerdos Exclusivos – España” elaborado para la Comisión Europea.

Después de tres años de la publicación de la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público ésta sigue siendo desconocida tanto por los administradores públicos como por sus potenciales beneficiarios privados, lo que queda evidenciado en el hecho de que la demanda de información por parte del sector privado, no ha aumentado después de la entrada en vigor de dicha ley. Así, a pesar de la gran cantidad de información pública disponible en la Administración, actualmente la mayoría de los organismos públicos todavía no han distribuido o vendido información con fines comerciales.

El perfil medio de los reutilizadores en España coincide con el modelo de pequeñas y medianas empresas, con más de cinco años de actividad y con una facturación anual inferior a 7 millones de euros, que opera en áreas de derecho, negocios, marketing o en el sector de publicaciones. Estas empresas reutilizan fundamentalmente información económica, legal y en menor medida social y de transportes.

La reutilización de información resulta dificultosa en España, así la mayoría de los reutilizadores han experimentado problemas al intentar reutilizar la información pública, principalmente problemas de usabilidad e interoperabilidad de la información con respecto a la obtención, descarga y estructuración de la misma.

Por parte de las administraciones públicas en estos momentos ninguna agencia central está regulando la reutilización de información del sector público y tampoco existe una política nacional a este respecto. Las políticas de precios y los términos y condiciones de reutilización de la información no son claras, y en la mayoría de los casos, no existe ningún departamento o unidad en los organismos del sector público que se encargue, concretamente, de la reutilización de la información.

Para mejorar esta situación en el informe se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Definir una política activa de comunicación y difusión en relación con los contenidos y beneficios de la ley de reutilización de la información.
2. Definir responsabilidades y funciones en materia de reutilización y en cada organismo público debería designarse, explícitamente, una unidad o servicio para ese encargo.
3. Fomentar reuniones o eventos sectoriales de reutilizadores para informar sobre las políticas de información pública.
4. Mejorar la Administración General del Estado la interoperabilidad y facilitar la información en formatos reutilizables.
5. Fomentar el desarrollo de políticas claras de precios y la aplicación de criterios específicos sobre la información del sector público.