La Administración electrónica aún no es realidad para los ciudadanos

La Administración electrónica, entendida como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las Administraciones Públicas, combinando con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con la finalidad de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas, dista mucho de ser una realidad para los ciudadanos. Esta es la conclusión a la que ha llegado Javier Guillén Caramés en “La administración electrónica ¿Mito o realidad para los ciudadanos del siglo XXI?” y que acaba de publicar el Centro PwC & IE del Sector Público.

Este autor a pesar de valorar positivamente la implantación de la Administración electrónica en España, señala una serie de obstáculos de carácter general a su desarrollo:

• Falta de educación y formación de nuestra sociedad en las nuevas tecnologías.

• Falta de confianza en la utilización de los medios electrónicos.

• Falta de información respecto a lo que es y cómo puede beneficiarse el ciudadano de la Administración electrónica.

• Falta de formación de los empleados públicos.

• Reticencia de los empleados públicos a utilizar las nuevas tecnologías.

• Heterogeneidad del sector público.

Del mismo modo identifica otras trabas de carácter más específico:

• El derecho general de los ciudadanos al acceso electrónico a las Administraciones Públicas y a la tramitación telemática de los procedimientos reconocido por el marco jurídico actual se encuentra condicionado a que las Administraciones Públicas tengan los medios adecuados para poder utilizar las nuevas tecnologías.

• La previsión de que determinados procedimientos tengan que ser obligatoriamente tramitados tanto en versión telemática como en papel, tampoco favorece el desarrollo de la Administración electrónica.

• La multiplicidad de sedes electrónicas que se están desarrollando por las diferentes Administraciones Públicas, con sus correspondientes registros y buzones, puede producir una cierta confusión del ciudadano al desconocer en un gran número de ocasiones a dónde debe acudir.

• Las dificultades para el uso generalizado del DNI electrónico como instrumento preferente de firma electrónica para dotar de seguridad jurídica a las transacciones electrónicas entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas. Así en estos momentos hay que acudir físicamente a una comisaría para tramitarlo; hay que comprar un tarjetero con un coste de 22 euros; debe instalarse el software necesario en el ordenador de cada ciudadano para que este servicio sea accesible, lo que no resulta sencillo para determinadas clases de población; y finalmente una vez instalado cuando se intenta emplear el DNI electrónico para un trámite el ciudadano se enfrenta a una enorme cantidad y complejidad de la información que se deriva de las Administraciones Públicas.

Ante esta situación Guillén Caramés propone la necesidad de adoptar una serie de medidas:

• Incrementar la formación tanto de los empleados públicos como de la ciudanía en el uso de las nuevas tecnologías.

• Incrementar la información y asistencia administrativa mediante el reforzamiento de las oficinas de información a los ciudadanos, y la creación de números de teléfono de asistencia gratuita a los ciudadanos.

• Implantar sistemas gratuitos de acceso a internet. El acceso de las nuevas tecnologías a los ciudadanos debe configurarse como un servicio de interés general.

• Establecimiento de una sede electrónica única en cada Administración territorial (como ya ocurre en la Administración General del Estado) a la que pueda acudir el ciudadano, con una correcta información y difusión de la misma.

• Simplificar al máximo los sistemas de firma electrónica.